En la sesión extraordinaria de ayer figuraba en el punto uno del orden del día el proyecto de ley que establece el derecho a la pensión para las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social, cuyo tratamiento inició el miércoles, pero fue postergado.
Sin embargo, finalmente la propuesta no fue tratada y directamente se estudeió el proyecto del Presupuesto General de Gastos de la Nación 2025. Con esta omisión, la ley a favor de las personas con discapacidad tuvo sanción ficta, al experir el tiempo límite para su análisis.
La legislación asigna el 25 % del salario mínimo (G. 670.093) a las personas con grado de discapacidad moderada y/o grave, que le impida ejercer actividades laborales; y estar en situación de vulnerabilidad social.
La discapacidad puede ser física y/o psíquica, y/o sensorial, congénita o adquirida, según la propuesta presentada por varios diputados. Para corroborar los datos se trabajará con la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) y con el Ministerio de Desarrollo Social.
Paralelamente, se maneja la posibilidad de un proyecto alternativo, que estipula esta misma pensión, pero con una aplicación gradual a razón del 20 % anual del universo total, hasta completar el 100 % en un proceso de cinco años. El argumento es que se necesitarían 350 millones de dólares para llegar a todas las personas con discapacidad y que, esto rompería la ley de responsabilidad fiscal. Sin embargo, los números no están del todo claros.//www.hoy.com.py/
