A partir de ahí, la situación se complicó. Según relató De León, su hija fue retenida en la estación por el empleado, la administradora y un guardia de seguridad armado. Preocupado, De León llamó a la Comisaría Segunda, argumentando que su hija estaba siendo víctima de privación ilegítima de libertad, ya que no la dejaban retirarse del lugar.
Cuando los oficiales llegaron al sitio, consultaron con la administradora sobre lo ocurrido. Sin embargo, según De León, en lugar de recibir la atención adecuada, los agentes minimizaron el incidente e incluso lo trataron de manera despectiva. Ante la falta de acción por parte de la policía, De León decidió llamar al fiscal Andrés Cantallupi.
Finalmente, el fiscal ordenó la liberación inmediata de la joven, afirmando que el procedimiento llevado a cabo por la estación de servicio no era legal. De León lamentó lo ocurrido y advirtió a los ciudadanos sobre situaciones similares, instándolos a estar atentos para no verse atrapados en circunstancias injustas como las que vivió su hija.
"Es responsabilidad del establecimiento y del banco resolver cualquier problema con los pagos electrónicos, no de los clientes", concluyó De León, pidiendo que se tomen las medidas necesarias para evitar que otros pasen por un momento tan desagradable.
