Según el abogado, los trabajadores del lugar están sometidos a jornadas laborales de más de 12 horas, sin seguro del Instituto de Previsión Social (IPS) y bajo malos tratos por parte del propietario.

Ante esta situación, Bernis exigió la intervención del Director del Trabajo, Marcelino Rolón. Sin embargo, al ser consultado por Radio Futura, Rolón explicó que el Ministerio de Trabajo en la regional de Amambay no tiene autonomía para inspeccionar locales comerciales sin una resolución firmada por la directora general en Asunción. Aseguró que, si bien pueden recibir denuncias y mediar en conflictos entre empleadores y empleados, no tienen la potestad de realizar inspecciones o fiscalizaciones de manera directa.

Rolón mencionó que, en casos como este, la documentación debe ser remitida a Asunción para su evaluación, y de encontrarse irregularidades, se podría abrir un sumario con sanciones de hasta 20 jornales por trabajador no asegurado. Además, recordó que los empleadores tienen un plazo de 60 días para inscribirse en el Ministerio de Trabajo y presentar planillas anuales.

El abogado Juan Bernis criticó duramente la falta de acción de las autoridades, asegurando que "ninguna empresa paga la seguridad social ni respeta las 8 horas laborales" y que el Ministerio de Trabajo "solo sirve para realizar boletas de liquidación y para nada más". También cuestionó el rol de la Fiscalía, alegando que la evasión de aportes al IPS es un delito con pena privativa de libertad de hasta 10 años y que no se está investigando adecuadamente.

Según Bernis, la falta de aportes al IPS afecta directamente el futuro de los trabajadores paraguayos, ya que sin una alta recaudación nadie podrá acceder a una jubilación digna. "El aporte de 10 trabajadores activos permite que una persona de 60 años se jubile, pero con la evasión actual, la vejez de los trabajadores es incierta", señaló.

El caso ha generado un fuerte debate sobre la efectividad del Ministerio de Trabajo y la necesidad de una mayor fiscalización para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales en el país.