Se trata del esquema que se habría apropiado de G. 800 millones de dos familias de Caaguazú, donde la principal involucrada es la exfuncionaria de la Cámara de Diputados, Anadelia Acosta.
Tras darse a conocer el caso, Anadelia y los implicados llegaron a un trato verbal con los afectados, y devolvieron G. 600 millones, sin embargo, un juez deberá homologar ese acuerdo y regular los honorarios, si corresponde.
Anadelia Acosta presentó su renuncia como funcionaria de la Cámara de Diputados al conocerse el escándalo.
La agente fiscal Norma Salinas al mismo tiempo, remitió copia de la carpeta fiscal a la Fiscalía General del Estado a fin de proceder a la remisión a las zonales correspondientes, sobre la perpetración de hechos punibles verificados en la misma causa.Fuente ://www.hoy.com.py/
